Fuente: HOY
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) envió a la Fiscalía la conclusión de una investigación que realizó sobre el acuerdo antipatriota que firmaron Petropar y la empresa argentina Texos Oil SRL para llegar finiquitar un proceso judicial e iban a pagar casi US$ 7 millones y encontraron una serie de irregularidades que dejó al descubierto que todo fue un gran negociado y se habla de la comisión del hecho de lesión de confianza.
El 2 de diciembre pasado se firmó el acuerdo entre Petropar y Texos, donde también estuvo involucrada la Procuraduría General de la República, pero el programa La Caja Negra, emitido por Unicanal el 22 de diciembre dio a conocer que el acuerdo extra judicial era una maniobra para desangrar al Estado y el dinero se iban a repartir en gran medida entre abogados que nada tenían que ver en el caso.
Sergio Coscia, quien era el procurador y que fue la persona que insistió para que se firme el acuerdo anti patriota dos días después de la publicación del caso tuvo que anular el documento y luego renunció al cargo, pero la Senac, pidió los antecedentes del caso e inició una investigación que ahora llegó a su final.
En su informe la Secretaria Anticorrupción hace un relato de cómo se inició este proceso en el 2010 y que hace un seguimiento judicial del expediente, ya que el argumento con cual Coscia armó toda la trama para llegar a la firma del acuerdo decía que el caso estaba por ser ganado por Texos Oil en la justicia y que el Estado iba a terminar pagando unos US$ 31 millones y para evitar eso se pactó entregar solo US$7 millones, sin embargo con lo que señala la Senac eso no es verdad.
“Conforme a las documentaciones remitidas por Petropar a la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) relacionados con el caso Texos SRL, no se han agotado las instancias judiciales del debido proceso y no se observa la participación de la Asesoría Jurídica de la empresa y su dictamen correspondiente en relación a la resolución del caso…” dice una parte del informe de la Senac donde se confirma que para llegar a firmar el acuerdo anti patriota no se tuvo en cuenta ningún dictamen jurídico, para saber si el caso estaba por ser perdido en tribunales, tampoco hay un dictamen tributario, ni financiero que puedan avalar el millonario pago.
En otra parte del acuerdo Petropar, la Procuraduría y Texos, se comprometen a pagar al abogado Abel Germán Ávalor, la suma de US$ 2,8 millones, como honorarios profesionales y acordados en un pacto de cuotas litio, pero el profesional del derecho es empleado público comisionado en la Contraloría General de la República y se iba a llevar una millonaria suma de dinero del Estado que es su empleador. También es un punto resaltado en el informe y se pide que se investigue lo ocurrido con este abogado.
Ante todos estos hechos señala el informe que se debe indagar en forma profunda administrativamente a la Procuraduría General de la República y a Petropar para establecer la responsabilidad de todos los funcionarios que intervinieron en el caso y se apunta que desde la perspectiva penal acá se podría estar dando el hecho de lesión de confianza.
Ahora la pelota está en el Ministerio Público que tiene que abrir una investigación y llegar a ver si se cometieron los hechos punibles señalados por la Senac. La renuncia de Sergio Coscia al cargo no le exime de ser investigado, el presidente de Petropar Denis Lichi por su parte nunca renunció, ni fue destituido, pese a ser parte fundamental de este acta antipatriota.