Fuente: HOY
El Ministerio de Salud tiene actualmente 10 amparos judiciales más para hacerse cargo de los gastos de pacientes con Covid internados en las terapias intensivas de los sanatorios privados. Todos los pedidos tienen medidas cautelares favorables.
El abogado Omar Valdez, director Jurídico de Salud Pública, confirmó a radio Ñanduti que Salud Pública acatará lo resuelto por la jueza Nancy Duarte, quien ordenó al Ministerio a pagar los gastos de terapia intensiva a favor de Francisca Cohene, paciente de Covid que lastimosamente días atrás falleció y sus familiares quedaron con una deuda de G. 130 millones.
Independientemente al fallo judicial, según aclaró, Salud iba a hacerse cargo de ese gasto, porque la Dirección de Terapia Intensiva había llegado a un convencio con el Sanatorio Universitario de San Lorenzo, donde estaba internada la paciente en cuestión. “Administrativamente ya se asumió ese compromiso, al igual que otros casos que estamos teniendo”, acotó.
Informó además que esta es la primera sentencia de la justicia y que al margen hay otros 10 amparos judiciales presentados y que ya cuentan con medidas cautelares a favor de los solicitantes. “Ahora tenemos diez casos nuevos, el juzgado dispone como medida cautelar que se les mantenga en el sector privado a costa del Ministerio de Salud. Eso nos comunica y nosotros tenemos tres días para elevar nuestro informe. En cada caso se analiza la situación del paciente y si reúne las condiciones del convenio, se asume ese compromiso”, indicó.
En cuanto al último punto, Valdez aclaró que Salud Pública no tendrá problemas en costear los gastos de los internados en uno de los 13 sanatorios que tienen convenios de cooperación con la cartera estatal. No obstante, reconoció que la decisión final la tendrá el juez que deberá determinar si condena o no a Salud a también pagar la internación en sanatorios que no están suscriptos al acuerdo de ayuda para ocupar las camas de UTI.
“Las personas ya están en camas de terapia intensiva, solo la parte monetaria es lo que se discute en el juicio de amparo. El Ministerio, bajo el convenio, acepta eso y se harán los trámites administrativos para el pago al sanatorio con el que tiene el acuerdo”, indicó por último.
ABOGADO INSTA A PRESENTAR MILES DE AMPAROS
Por su parte, el abogado Robin Miranda, el precursor de estas diligencias que están marcando un precedente, instó a sus demás colegas independientes a empezar a ayudar a las familias que no pueden costear sus tratamientos en el sector privado. Consideró que de esta forma se hace justicia, siendo que el Estado debe garantizar los servicios y tratamientos de la ciudadanía.
“Solo hoy metimos como diez amparos de gente con deudas de hasta G. 250 millones. Esto explotó. Otros colegas ya están presentando otros recursos en el mismo sentido. Si no existe un proyecto de ley que garantice esto que pedimos, el Poder Judicial se va a llenar de amparos”, expresó el abogado en conversación con La Nación.
El profesional en leyes aseveró que no pueden dejar de insistir y que este es el momento de empezar a hacer patria, por lo que instó a más abogados a unirse a la causa para ayudar a más familias que sufren millonarios impactos económicos por los costosos tratamientos en sanatorios. “US$ 1.600 millones de préstamo fueron para Salud, es momento que el dinero retorne al pueblo que sufre la enfermedad”, declaró.
Por otra parte, el trabajador consideró que es momento de que abogados de renombrados gremios empiecen a movilizarse de forma solidaria con los compatriotas. “Y si tenemos que meter 20 mil o un millón de amparos, pues hagámoslo. No hay de otra, mañana le va tocar al juez, al actuario o cualquier persona común el COVID-19″, expuso.
El primer amparo, aprobado por la jueza Nancy Duarte, del Juzgado de Fernando de la Mora, está a punto de quedar firme y sentar un precedente histórico. “Salud no apeló y va a quedar firme. Presentó un recurso de aclaratoria, pero eso no suspende los plazos”, comentó.