Fuente: La Nación
Luego de que se haya viralizado un audio, días atrás, en el que el titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, acusaba a Emilio Fúster, ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), de atropellar la autoridad aduanera, ahora se da a conocer el caso de una demanda por G. 22.000 millones a Aduanas por parte del empresario afectado.
Se trata de Arnaldo José Lezcano Recalde, quien impulsa la demanda de resarcimiento, y el titular de Aduanas admitió que existe esta acción y que estarán realizando la defensa jurídica correspondiente. Se habla de que esta demanda estaría relacionada con un posible error de procedimiento y que fue motivo de fricción entre Fernández y Fúster.
El caso data del 2019 y ya sorteó varias situaciones polémicas, una de ellas es que Aduanas logró revocar en el Tribunal de Apelación del Trabajo, segunda sala, la orden de entregar al citado empresario una carga de 460.000 kilos de azúcar, la cual era sospechada de contrabando, a la firma que se hizo responsable de su contenido.
Cabe recordar que en el audio viralizado, el director de Aduanas había reclamado a Fúster y las acusaciones se dan por supuestos errores en procedimientos que obligan a pagar altas multas a los afectados. “Voy a hablar con el presidente de la República sobre este tema”, advirtió Fernández, según se puede escuchar en uno de los audios.
“Estamos tomando posiciones que no corresponden, tenemos una millonaria multa de indemnización por errores de procedimientos que vamos a tener que pagar desde Aduanas. Apelamos ante la Corte”, refiere otra parte del audio.
Fernández había argumentado al respecto de los audios que en ocasiones no hay unidad de criterio en aspectos jurídicos, y sobre esta cuestión es justamente que tuvieron ciertas “discrepancias”. “De ahí viene la disputa”, remarcó. Hasta ahora, el Ejecutivo no se pronunció al respecto y Fúster se llamó a silencio.
Así también, Fernández había dicho que la Dirección de Aduanas es la única que puede determinar si una carga es o no contrabando, reafirmando la jurisprudencia que posee la institución en este ámbito, y agregó que “hace falta una coordinación entre las distintas fuerzas para seguir combatiendo al contrabando”.