Debate de constitucionalidad define ley que permite auditar binacionales
Fuente: Última Hora
Su choque o no con la Carta Magna marcará el futuro del proyecto que permite a la Contraloría revisar los fondos de Itaipú y Yacyretá y será el juego de quienes tienen interés en poner trabas.
El argumento sobre la duda de constitucionalidad será el último pataleo de quienes se resisten al control del uso de los recursos de las binacionales para ponerle trabas al proyecto que dispone que la Contraloría audite Itaipú y Yacyretá dos veces al año.
Esta semana será clave, ya que, tras su media sanción en la Cámara de Diputados, se decidió que sea tratado el jueves en el Senado.
No obstante, nadie se anima, salvo excepciones, a pedir su rechazo, y suman las voces a favor. En ese sentido, el voto unánime de aprobación en Diputados fue la sorpresa más grande, sin siquiera un argumento en contra por parte de los colorados. Desde la bancada cartista solo hablan entre dientes de que debe ser analizada la inconstitucionalidad, como lo manifestó el diputado Derlis Maidana. En tanto que para el senador abdista Silvio Ovelar, cuya esposa percibe un alto salario en Itaipú, la ley contradice la Constitución.
Pero una voz calificada es sin duda la del contralor general de la República, Camilo Benítez, quien, si bien prefirió no referirse al proyecto en específico, alegó que las leyes que fortalezcan la transparencia son siempre necesarias.
“Toda legislación que tienda a favorecer la transparencia de la administración pública, que fortalezca los sistemas de control, es importante y necesaria para fortalecer el sistema democrático de nuestro país”, afirmó.
En cuanto a la discusión de la constitucionalidad, explicó que lo único que podría cuestionarse es si la ley se contrapone al tratado. “Sobre si sería inconstitucional o no, eso debería decirlo la Corte Suprema de Justicia, eventualmente; no obstante, si la legislación es una reglamentación de la normativa constitucional no veo motivo para no endosarla, pero si extiende la normativa constitucional y trasgrede las limitaciones del tratado, sí creo que podría ser cuestionada”, puntualizó.
Benítez, sin embargo, aclaró que la Contraloría se limita a controlar cuentas nacionales.
“Lo importante es aclarar que la Contraloría General de la República solamente tiene competencia para fiscalizar las cuentas nacionales. Es decir, solo puede auditar la ejecución de los gastos realizados en la margen derecha. No debería pretender revisar actos que podrían atentar la soberanía extranjera. Es exactamente lo que las resoluciones emitidas pretenden revisar”, puntualizó el contralor.
El proyecto de ley “dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá”, y fue presentado por la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, y el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta.
González negó que el proyecto sea inconstitucional y cuestionó que Itaipú se cierre al control. El Senado había ordenado a la Contraloría realizar una auditoría a la binacional, pero el director paraguayo Manuel Cáceres presentó una acción de inconstitucionalidad sobre la cual está pendiente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
“Itaipú está haciendo una afrenta a la transparencia. Sería lamentable que una mayoría del Senado siga una discusión tan vacía de contenido”, expresó la diputada.
Recordó que el proyecto es muy importante porque no solo posibilita la auditoría de los fondos sociales sino también la parte administrativa.
La propuesta legislativa establece que la Contraloría emitirá una resolución sobre los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de la ley.
