Fuente: RFI
Se acusa a las autoridades de Formosa (norte del país) de violar los derechos humanos en los centros de aislamiento para portadores de Covid-19 y casos de contacto. Desde entonces, la polémica ha ido en aumento. Varias organizaciones, como Amnistía Internacional, han denunciado las condiciones antihigiénicas, el hacinamiento y la duración anormal de las detenciones.
Las escuelas se convirtieron en centros de aislamiento insalubres, donde las personas son retenidas contra su voluntad durante varias semanas. Así lo denuncian algunos habitantes de Formosa, una provincia del norte del país que sólo ha registrado seis muertes por el coronavirus desde el inicio de la pandemia.
«Cualquier persona, tanto si ha dado positivo en la prueba de Covid-19 como si sólo es un caso de contacto, es puesta en aislamiento obligatorio. No tienen acceso a espacios abiertos, comen en los mismos sitios», explica Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina.
Luis Naidenoff es un senador de la provincia de Formosa, miembro del gobierno local de la oposición. Ante el escándalo, pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«El reto de la pandemia ha sido siempre conciliar la libertad, la salud y la economía. Pero la pandemia también muestra la peor cara de los gobiernos autoritarios, y esto es lo que ocurre en la provincia de Formosa”, sostuvo.
Ante la creciente controversia en Argentina, las autoridades de Formosa aseguran que velan por el respeto de los derechos humanos y los protocolos sanitarios. El Secretario de Estado de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, visitó la provincia el miércoles.
La víspera de la visita, el mayor de los centros de aislamiento fue parcialmente evacuado.