Fuente: La Nación
Cada vez son más los casos positivos de COVID-19 y son más las personas que requieren ser internadas para su mejor asistencia, y a nivel país los hospitales ya están saturados tanto en el sector público como en el privado. Ante esta situación, el pasado 12 de marzo se concretó una reunión entre el Ministerio de Salud Pública y el Grupo San Roque, con la intención de habilitar más camas para recibir a pacientes de baja complejidad por COVID-19.
Pero cerca del mediodía de hoy, desde el grupo privado anunciaron que no avanzarán con las negociaciones, con las que preveían destinar 80% de la infraestructura para el sistema público. “Comunicamos que hemos dejado sin efecto el diálogo abierto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el IPS, que buscaba, más que nada, fortalecer el sistema sanitario con la readecuación del CREAM –Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor– en un hospital de emergencia”, resaltan en el documento, respecto a la infraestructura ubicada en la ciudad de San Bernardino.
Manifiesta que la crisis sanitaria por la que está atravesando está ocasionando una saturación de las camas disponibles en los hospitales de todos los sectores y ante la declaración de emergencia nacional, con la intención de paliar las consecuencias, se ofrecieron a coadyuvar en la gestión del Estado en materia de salud.
“A partir de una preocupación y pedido de colaboración del señor ministro de Salud. Este proyecto consistía en desarrollar un espacio de atención de contingencia para internación de pacientes de baja complejidad afectados por el COVID-19”, indica.
Afirman que la intención era la reconversión del CREAM en un hospital campaña en menos de 2 semanas, aportando al sistema sanitario 200 camas. “Asumiendo toda la inversión necesaria el GSR, con el compromiso de atender a pacientes del sector público en un 80% y del sector privado en un 20%”, aclara, y agregan que los servicios se iban a prestar en el marco del contrato que los sanatorios privados tienen celebrados con el ente por un plazo de 6 meses que podía ser prorrogable, mientras dure la falta de camas.
“Lamentamos que la búsqueda del sano objetivo de paliar la falta de camas haya sido interpretada de forma equivocada. Seguiremos buscando la manera de ayudar a los pacientes con coronavirus desde el lugar que nos toca”, puntualiza el comunicado.
Concluye que, en una situación de esta envergadura, consideran que los sectores públicos y privados deberían trabajar en conjunto para evitar el colapso total del sistema de salud, pero que atendiendo las confusiones estas no se pueden dar.